El Diario: Justo Reembolso tras Robo de Identidad

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By Zaira Cortes

Nueva York— El robo de su identidad llevó a la dominicana Iris Mateo a enfrentar un adeudo de $2,000 en tarjetas de crédito de CitiBank, y el acoso constante de la compañía de cobro de deudas Mel S. Harris and Associates.

La residente de El Bronx contó que su cuenta de ahorro en el banco Chase fue congelada sin su autorización, y sin quererlo, terminó pagando el dinero que nunca gastó.

“Alguien usurpó mi identidad y obtuvo una tarjeta de crédito utilizando mi apellido de soltera (Santos) y una dirección ficticia, derrochó el dinero y fui obligada a encarar las consecuencias”, expresó Mateo. “Intenté explicar que nunca he vivido en el domicilio de referencia, pero la compañía de cobro de deudas no escuchó. Lo único que hizo fue hostigarme”.

El incidente ocurrió en octubre de 2014, pero Mateo comentó que su identidad podría haber quedado expuesta en 2001, cuando fue víctima de un robo. La mujer aseguró que el delincuente hurtó sus documentos oficiales, incluyendo su número de seguro social.

“Fui doblemente victimizada”, se quejó. “Dijeron que un tal John recibió la notificación de la deuda, pero nunca he conocido a alguien con ese nombre”.

La víctima dijo que se enfrascó en una batalla legal que duró meses, como parte de un intento para limpiar su récord crediticio.

“Tomé tiempo del trabajo para ir a la corte y entrevistarme con mis abogados. La situación arruinó mi vida, me sentí como una presa en una cacería despiadada”, se lamentó. “Cómo el sistema bancario otorga un crédito a Iris Santos y los cobradores terminan congelando la cuenta de Iris Mateo para cobrar el dinero. No tiene lógica”.

Decenas de miles de víctimas

El caso de Mateo se suma al de decenas de miles de neoyorquinos que tuvieron sus salarios embargados y sus cuentas bancarias congeladas, como parte de una práctica inescrupulosa perpetrada por compañías de cobro de deudas. Sin embargo, gracias a una demanda colectiva presentada en 2009 por la organización New Economy Project y la firma de abogados MFY Legal Services and Emery Celli Brinckerhoff & Abady LLP., unas 75.000 víctimas recibirán $59 millones en compensación por un acuerdo de resolución, que también prohíbe a una importante red de cobradores o ‘debt collectors’ continuar recurriendo a esta política.

“Es realmente importante el alcance de este acuerdo”, dijo Ariana Lindermayer, senior staff attorney de la firma de abogados MFY Legal Services, Inc. “Es un éxito enorme que ofrece alivio sin precedentes a más de 353,000 neoyorquinos que han sido víctimas de estas prácticas abusivas”.

La demanda colectiva contra las compañías incluye al bufete de abogados de cobro de deudas Mel S. Harris and Associates, Leucadia National Corporation -con una cotización multimillonaria en la bolsa- y sus filiales de compra de deuda, y Samserv, una agencia de proceso de servicio, que se supone que debe notificar a los deudores.

“La demanda dio una lección a los cobradores tramposos. No podíamos permitir que siguieran mintiendo”, dijo Mateo. “Es una falta de ética detestable”.

Mateo dijo que incluso presentó su récord de pago de impuestos para comprobar su dirección y que nunca tuvo una tarjeta de crédito de Citibank.

Prácticas de alcantarillado

El recurso legal reclamó que los cobradores de deudas recurrían a la práctica conocida como “servicio de alcantarillado” o sewer service, en la que los cobradores no entregan deliberadamente una notificación de deuda, pero presentan una declaración jurada falsa (robo-signing) arguyendo que el aviso se hizo oportunamente.

New Economy Project explicó que los supuestos deudores, sin saber del aviso, no se presentan en la corte, lo que desencadena un proceso legal en el que los cobradores casi siempre ganan la sentencia sugiriendo desidia por parte la víctima.

De acuerdo con la organización, los cobradores, que comúnmente ​​obtenían cientos de sentencias automáticas a su favor cada año, también amenazaban con apoderarse de los bienes personales del supuesto deudor y presionaban para que accediera a planes de pago inasequibles.

Los litigantes de New Economy Project explicaron que la resolución alcanzada en noviembre en la Corte Federal de Distrito en Manhattan, asesta un duro golpe a una industria que comúnmente obtiene sus ingresos de trabajadores de bajos ingresos, la mayoría latinos y afroamericanos.

“Este acuerdo representa una importante victoria en justicia económica”, dijo Susan Shin, directora de abogados de New Economy Project. “Durante años, estos cobradores de deudas se dedicaron a prácticas fraudulentas para extraer grandes cantidades de dinero de los bolsillos de neoyorquinos de bajos ingresos, incluyendo a muchos inmigrantes y personas de color”.

El acuerdo restringe la intervención de las compañías en el proceso del cobro de deuda, incluyendo aquellas de compra de deuda y de las firmas de abogados contratadas para cobrar, así como las agencias de proceso de servicio, que se supone que tienen que notificar a los deudores.

Según reportó The New York Times, la firma de abogados Mel S. Harris & Associates salió del negocio en septiembre.

New Economy Project y MFY Legal Services dijeron que el acuerdo tiene un gran alcance en la industria. Ahora los cobradores están obligados a proveer pruebas concluyentes en los casos.El acuerdo también frena unos 115.000 juicios relacionados.